La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) absolvió ayer a la exalcaldesa de Tarazona y diputada autonómica del PSOE, Ana Cristina Vera, del delito urbanístico y la prevaricación por los que, respectivamente, el fiscal y un grupo de vecinos pedían para ella siete y diez años de inhabilitación para ocupar cargos municipales, además de una multa de 24.000 euros. La sentencia incluye el voto particular de uno de los tres magistrados, que considera que prevaricó de forma repetida y que propuso inhabilitarla durante nueve años y tres meses.
La resolución recoge que Vera concedió el 26 octubre del 2004 la licencia de ocupación de 22 viviendas libres de la urbanización Torres del Moncayo construidas en una zona reservada para VPO. El arquitecto municipal emitió siete días antes de que la otorgara un informe en el que señalaba que "el proyecto ejecutado no se ajusta a lo prescrito por el vigente PGOU". Y el aparejador entregó el mismo 26 de octubre otro, referente a las condiciones materiales de los edificios, en el que no ponía inconvenientes al otorgamiento de los permisos.
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA confirmó que el aprovechamiento de las casas libres fue superior al que el planamiento urbano reservaba para las VPO, aunque desestimó el motivo principal de ese pleito, interpuesto por los vecinos que más tarde se convertirían en querellantes --los de las VPO-- y que trataban de anular un sistema de cuotas urbanísticas que les acarreba mayores gravámenes que a los dueños de vivienda libre.
La sentencia absuelve a Vera al aplicar el principio de intervención mínima del derecho penal, que, en el caso de la prevaricación, supone que únicamente deben criminalizarse "las conductas más graves e intolerables, pues de lo contrario el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado". También señala que el otorgamiento del permiso "no fue contrario a derecho" y que Vera, debido a su formación --graduado social--, desconocía qué debía hacer cuando su decisión fue denunciada. Su pasividad tras esas denuncias es lo que lleva a discrepar a un magistrado, que concluye que sí prevaricó precisamente por su "pasividad".
La resolución recoge que Vera concedió el 26 octubre del 2004 la licencia de ocupación de 22 viviendas libres de la urbanización Torres del Moncayo construidas en una zona reservada para VPO. El arquitecto municipal emitió siete días antes de que la otorgara un informe en el que señalaba que "el proyecto ejecutado no se ajusta a lo prescrito por el vigente PGOU". Y el aparejador entregó el mismo 26 de octubre otro, referente a las condiciones materiales de los edificios, en el que no ponía inconvenientes al otorgamiento de los permisos.
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA confirmó que el aprovechamiento de las casas libres fue superior al que el planamiento urbano reservaba para las VPO, aunque desestimó el motivo principal de ese pleito, interpuesto por los vecinos que más tarde se convertirían en querellantes --los de las VPO-- y que trataban de anular un sistema de cuotas urbanísticas que les acarreba mayores gravámenes que a los dueños de vivienda libre.
La sentencia absuelve a Vera al aplicar el principio de intervención mínima del derecho penal, que, en el caso de la prevaricación, supone que únicamente deben criminalizarse "las conductas más graves e intolerables, pues de lo contrario el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado". También señala que el otorgamiento del permiso "no fue contrario a derecho" y que Vera, debido a su formación --graduado social--, desconocía qué debía hacer cuando su decisión fue denunciada. Su pasividad tras esas denuncias es lo que lleva a discrepar a un magistrado, que concluye que sí prevaricó precisamente por su "pasividad".
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